Son de una pequeña provincia italiana que se llama Padua, al norte del país. No tienen poder económico ni influencias polítcas, pero Mássimo Albertin, director de un laboratorio médico; su mujer de origen finlandés, Soile Lautsi, y sus hijos, Dataico y Sami, destaparon una botella de vino tinto el pasado martes, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo les dio la razón y emitió un fallo contra la presencia del crucifijo en las escuelas públicas italianas.
La sentencia ha conmocionado Italia, un país eminentemente católico, y ha hecho poner en el grito en el cielo al Vaticano. El mismo Silvio Berlusconi se ha comprado el pleito. En este país es obligatorio tener crucifijos en los colegios públicos desde 1929, a raíz del Concordato que firmó el Estado con el Vaticano. En 1985, el Concordato se modificó y el catolicismo perdió su condición de religión de Estado, pero los símbolos cristianos no se descolgaron de las paredes, y desde el 2002 ya no es delito rebelarse ante las cruces.
En ese mismo año, Máximo y Soile iniciaron su batalla legal. Sus hijos eran hostigados en la escuela por ello. En casa, recibían llamadas amenazantes por su pretensión. Hace tres años este acoso cesó. Hasta la semana pasada, en que Estrasburgo les dio la razón y la rabia de algunos revivió al punto de que la familia se plantea pedir protección y concede muy pocas entrevistas a la prensa.
“Teníamos grandes esperanzas en Europa”, explica, pese a todo, el matrimonio Albertin a Público.es , aunque la preocupación es grande y Mássimo acusa a los dirigentes políticos de su país de “aumentar la intolerancia”. En Italia, denuncian, “los ateos somos ciudadanos de tercera” y también sostienen que la Iglesia es un lobby de gran poder en ese país y que el crucifijo “es su forma de marcar territorio”. Parece que la verdadera batalla, recién empieza.
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