Tras once días de las muertes fratricidas de más de 30 compatriotas, entre policías y civiles, el premier Yehude Simon anunció ayer que el Ejecutivo –acorralado por la creciente protesta que en todo el país exigía la derogatoria de las normas lesivas a los amazónicos– presentará hoy al Congreso un proyecto de ley para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064.
Durante la reunión que sostuvo con un grupo de apus de las comunidades nativas en San Ramón, Junín, Simon dijo también que los otros siete decretos que los amazónicos exigen sean derogados entrarán en evaluación en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que será instalado hoy en Lima, para lo cual los líderes nativos vendrán a la capital, incluidos los representantes de Aidesep.
Asimismo, el premier sostuvo que una vez que se solucione el conflicto con los nativos pondrá su cargo a disposición del presidente Alan García, quien, según dijo, le ha dado carta blanca para tomar las decisiones que sean necesarias para atender las demandas de los nativos.
El premier pidió perdón a los apus por las muertes y reconoció que el gobierno no reaccionó a tiempo, también anunció el levantamiento del estado de emergencia en Amazonas, instaurado tras el estallido de la violencia. Hasta el final de su conversación con los dirigentes nativos intentó negar que el presidente García los haya llamado terroristas o, indirectamente, ciudadanos de segundo nivel.
Pese a la buena disposición mostrada ante los nativos, una vez que regresó a Lima, Simon rechazó rotundamente en una conferencia de prensa que “el hecho de proponer la derogatoria no es que el gobierno piense que esos decretos son inconstitucionales. Pedimos perdón un millón de veces si es necesario, pero eso no significa que seamos los culpables de esta situación, y ya no quiero hablar más sobre mi supuesto alejamiento del premierato”. Pero sí aseguró que en la elaboración de la norma modificatoria el gobierno no volverá a caer en el error de no consultar a los nativos.
Acuerdos
El premier suscribió un acta de entendimiento con los representantes de las comunidades nativas de la selva central que compromete a los indígenas a levantar el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima por un lapso de cuatro horas diarias, hasta que se deroguen los decretos legislativos, a fin de permitir el tránsito de camiones y buses.
Luego de conocer el repliegue del gobierno, el congresista nacionalista Daniel Abugattás dijo que ello era necesario por la gobernabilidad del país.
Por su parte, el legislador de Alianza Parlamentaria Yonhy Lescano, tras reunirse con apus de diferentes etnias amazónicas como Segundo Pizango, Vladumi Tapayaru y Hernán Sindiche, sostuvo que el anuncio del Ejecutivo es una clara demostración que las autoridades estuvieron equivocadas al adoptar decisiones temerarias obedeciendo a grupos de interés.
A su vez, el presidente de la región Junín, Vladimiro Huaroc, afirmó que la derogatoria de los decretos legislativos por parte del Congreso no sería una muestra de debilidad, sino un gesto de reconocimiento a la Amazonía.
De todas maneras quieren interpelación
Aunque el gobierno presente los proyectos de ley para derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, la oposición pedirá la interpelación de todos los integrantes del gabinete presidido por Yehude Simon porque los considera responsables políticos de las muertes en Bagua.
Para Fredy Otárola, vocero de la bancada nacionalista, aún quedan responsabilidades políticas que los ministros deben asumir. “Hay muertos, heridos y desaparecidos, todo esto se tiene que investigar y los ministros tienen que renunciar”, señaló.
Por su parte, el fujimorista Carlos Raffo indicó que Simon hizo un papelón. “Simon es responsable de toda esta situación, él nos dijo que iba encontrar solución y, por el contrario, el gobierno no cedió. Debe dar un paso al costado y si no quiere darlo se lo haremos dar”, indicó.
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