La Tercera Sala Anticorrupción resolvió ayer exculpar al ex ministro aprista Rómulo León, Alberto Químper, Fortunato Canaán, Ernesto Arias Schreiber y Rómulo León Romero, del cargo de asociación ilícita para delinquir, con lo cual los liberó de la posibilidad de ser condenados a severas penas de cárcel y abrió el camino para su posible absolución.
La decisión constituye un paso hacia la impunidad de los integrantes de la red de corrupción que llegó a altos niveles del gobierno y cuyo descubrimiento provocó en octubre pasado una crisis ministerial en la que renunció el hasta entonces primer ministro, Jorge del Castillo, tras divulgarse los llamados “petroaudios”, en los que León y sus cómplices coordinaban acciones sobre el uso de sus vínculos en el gobierno para grandes negociados en los rubros del petróleo y la construcción.
Apoyándose en lo resuelto en primera instancia por el juez anticorrupción Jorge Barreto, la Sala estimó además que los contenidos de los petroaudios no configuran prueba válida por la forma ilegal en que habrían sido obtenidos (chuponeo) y se negó a considerar los contenidos como evidencia de una concertación y actuación en banda, como lo sostenía la Fiscalía. De hecho, esta parte de la acusación era crucial para la ampliación de las investigaciones hacia poderosos personajes mencionados en las conversaciones telefónicas y en los mail intercambiados por los procesados.
León estaba originalmente acusado de diversos delitos, entre ellos: asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible, patrocinio ilegal, encubrimiento y tráfico de influencias. La pena mínima por asociación ilícita para delinquir es de cinco años de prisión efectiva, pudiendo ser mayor de acuerdo al criterio del juzgador. En opinión de los especialistas, la exculpación de quienes fueron calificados de “ratas” por el presidente Alan García, a los pocos días del escándalo, abre la opción de que varios de ellos sean exculpados. Y es particularmente importante para que el caso no toque a García.
Con anterioridad, el Congreso salvó a Jorge del Castillo y varios ex ministros de sus responsabilidades en la gestión de intereses particulares desde un alto cargo público, a pesar de toda la evidencia acumulada en base a los petroaudios y petromails incautados a Rómulo León y sus socios y a las declaraciones de los inculpados y testigos.
Por otra parte, en el caso paralelo de las intercepciones telefónicas (chuponeo), seguido contra el grupo de amigos del vicepresidente Giampietri, que actuaban a través de la empresa Business Track, con múltiples contratos de services con el Estado y empresas trasnacionales, se observa igualmente una tremenda presión política para paralizarlo e impedir que se conozca la información que se había acumulado en los archivos de las escuchas a diversos personajes.
Todo apunta pues a resolver sigilosamente el caso del ex ministro de Pesquería y limpiarlo como se ha hecho en otros tantos casos de corrupción, ocultando su conexión con el gobierno. Luego de eso se supone que vendrá el entierro del proceso sobre el “chuponeo”. Y el gobierno habrá dejado atrás la más grave de sus crisis. El país una vez más verá como los culpables quedan impunes.
Raúl Wiener
Redacción
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